11 de febrero de 2025

No a la Privatización de la Salud Pública en Jujuy: Un Proyecto Controversial que Amenaza el Acceso Universal

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En medio de las fiestas en Jujuy, la legislatura local tomó una decisión que ha generado una fuerte controversia y una ola de protestas entre los jujeños: la aprobación exprés de la Ley 6453, que establece el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Esta nueva normativa ha determinado la implementación de un arancel obligatorio para recibir atención básica en hospitales públicos y centros de salud, lo que podría marcar un antes y un después en el acceso a la salud en la provincia.

La ley, impulsada principalmente por un sector del Partido Justicialista (PJ) liderado por el diputado y empresario de la salud Rubén Rivarola, en alianza con la mayoría de los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), ha sido presentada como una medida de carácter solidario. Sin embargo, muchos expertos y organizaciones sociales advierten que el SEPROSA es, en realidad, un paso hacia la privatización del sistema de salud pública.

Una Medida Sin Consulta Pública

Los habitantes de Jujuy se sienten traicionados por una decisión tomada en las sombras, sin el debido consenso social y con una falta de transparencia notable. «Es inaceptable que, en momentos donde se espera un debate abierto sobre un tema tan crucial como la salud, se imponga una normativa de esta magnitud con carácter exprés», comentó María Gómez, integrante del Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública.

Contexto Nacional y Derechos en Peligro

La creación del SEPROSA se produce en un contexto nacional marcado por las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que han despertado temores en diversas provincias sobre el futuro del acceso a servicios básicos. La situación en Jujuy podría ser vista como un ejemplo de lo que se avecina a nivel nacional, generando preocupación sobre una posible sistematización de recortes en derechos fundamentales para la población.

«Nadie debería tener que pagar para acceder a un derecho básico como la salud. La implementación de un sistema de aranceles en la atención pública es un retroceso que puede costarle caro a miles de jujeños», añadió Nico Fernández, Secretario General del Sindicato de A.P.U.A.P, en una reciente entrevista.

Reacciones y Movilizaciones Sociales

Desde la aprobación de la ley, han surgido numerosas protestas y movilizaciones en Jujuy, donde trabajadores de la salud, organizaciones sociales y ciudadanos han salido a las calles a exigir la derogación de la normativa. La consigna «No a la privatización» ha resonado con fuerza en diferentes puntos de la provincia, evidenciando el amplio rechazo hacia una medida que se percibe como un ataque directo a la salud pública.

La situación en Jujuy pone en jaque la relación entre el estado y sus ciudadanos, recordándoles a todos que el acceso a la salud es un derecho humano inalienable que debe ser defendido con firmeza ante cualquier intento de privatización.