28 de septiembre de 2022

CABA: NO A LA VUELTA PRESENCIAL EN PLENO PICO DE LA PANDEMIA

Después de una semana de haber presentado el protocolo para abrir las escuelas porteñas, el Jefe de gobierno de CABA Rodríguez Larreta y su Ministra de Educación, Soledad Acuña, recibieron un duro golpe por parte de toda la comunidad educativa, expresado en el rechazo al protocolo por parte del Ministro Trotta.

En la última conferencia de prensa realizada junto a Fernández y Kicillof, Larreta anuncia la vuelta progresiva a la presencialidad en las escuelas, y como primer paso, la apertura de espacios digitales para que los y las estudiantes de sectores más vulnerables que han perdido contacto con la escuela, se conecten con sus docentes.

Días después, van modificando y afinando la propuesta. Los alumnos y alumnas sacarían turno para encontrarse en el aula digital, con un representante del Ministerio de educación que ayudaría a conectarse con sus docentes.

Luego, Acuña aclara que los estudiantes eran 6500, y más adelante, 9500. Igualmente, augura la ministra sonriente en TV, los espacios se abrirían para cualquier estudiante que necesite conectarse. En cuanto a los siguientes pasos de la apertura, mencionan el apoyo escolar, y la vuelta de los grados y años que egresarán. No quedan claros los criterios ni los canales para dar esos turnos, quién lo haría, ni cuál era el sentido.

El 18 de agosto, Acuña presenta el protocolo al Ministerio de educación para su aprobación, mientras el ministro Trotta acepta la idea de buscar estrategias para retomar el vínculo con los alumnos/as mencionados/as. Las comunidades educativas no tardan en organizarse a discutir la propuesta que sólo les llega por los medios de comunicación. El 22 de agosto el Presidente Alberto Fernández firma el DNU que declara servicios públicos a los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable, congelando las tarifas hasta diciembre. En su anuncio, opina en contra de la medida de Larreta y Acuña. “me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse porque son chicos que exponemos al contagio del virus. La solución es llevar conectividad a esos chicos”.

El lunes 24, el Ministro Trotta se reúne de manera virtual con la Multisectorial por la educación, impulsada por la UTE. El ingreso a la reunión es abierto, masivo, y transmitido por Facebook. Se escuchan las voces de madres de barrios populares, representantes de centros de estudiantes, docentes, cooperadores, directivos exigiéndole al ministro que desapruebe la medida. El temor a los contagios, la inexistente participación de la comunidad, la desinversión educativa, el corte del Plan Sarmiento y la falta de conectividad, eran algunos motivos.

Al día siguiente, el Barrio Mujica, ex Villa 31, organizado en su Comité de crisis, se moviliza con un “Desayunazo” al Ministerio de educación de la Ciudad que se encuentra en la zona, para rechazar la vuelta a clases y exigir conectividad para sus pibxs. Esta medida de los sectores más nombrados en el discurso pero olvidados en la realidad, fue dolorosa para el gobierno. Las fotos circularon por todas las redes Así se llega al rechazo de Trotta ese mismo día por la tarde.

En apariencia, el gobierno porteño muestra gran preocupación social por la población más postergada que fue perdiendo contacto con su escuela, pero el proceso desatado denuda algunas cuestiones que muestran la inconsistencia e hipocresía de la medida.

Es necesario tener en cuenta que todas las jurisdicciones han ratificado el protocolo nacional en el Consejo Nacional de Educación, con lineamientos obligatorios, entre ellos la pauta de que cada jurisdicción debe elaborar un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar la implementación del protocolo para la vuelta a clases presenciales, a partir de la baja o nula circulación viral. Nada de esto se cumple en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos diariamente entre 900 y 1300 contagios registrados de covid en forma diaria.

En cuanto a la conectividad y las necesidades educativas: La preocupación por los estudiantes que no se conectan, y las múltiples necesidades de sus familias más vulnerables de la ciudad fueron motivo de una gran cantidad de iniciativas de la docencia desde el primer día de la cuarentena, sosteniendo una “educación virtual de emergencia” con recursos propios -internet/ electricidad/ computadoras y teléfonos-, y entregando material impreso para garantizar que lleguen las propuestas pedagógicas a todas las familias.

Recordemos que fue el gobierno de Larreta quien en el 2016 suspendió la entrega de computadoras del Plan Sarmiento a alumnos/s de primaria, y que Macri a nivel nacional suspendió el Plan Conectar Igualdad. No sólo la conectividad no está garantizada a las familias sino que a partir de este recorte, tampoco se garantiza en las escuelas.

Así lo expresa el comunicado del Avellaneda: “Hace tiempo, venimos reclamando que las netbooks guardadas en el colegio, entregadas, oportunamente por el Programa Conectar Igualdad, sean arregladas por el Ministerio para poder ser entregadas a nuestros/as alumnos y que puedan estudiar desde sus hogares. Lamentablemente, nuestra institución no puede hacerlo ya que están todas bloqueadas porque al cerrar el programa mencionado, nos sacaron el servidor físico que posibilitaba el desbloqueo de las mismas. También, se ha reclamado por el estado de la instalación eléctrica debido a los constantes cortes de luz. (…) exigimos que los establecimientos educativos sean revisados y refaccionados antes de siquiera pensar cualquier protocolo”.

Esta es solo una muestra de lo que la docencia y las comunidades educativas salieron a decir, volcando la situación. Fueron innumerables los pronunciamientos, formularios de firmas, cartas abiertas, videos, que circularon por parte de docentes directores cooperadoras, etc. Hubo varias reuniones de cuerpos de delegados distritales, reuniones abiertas comunales, incluyendo a supervisiones, centros de estudiantes y cooperadoras.

Estamos claros que solo la conectividad y la entrega de equipos no resuelve el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Pero también tenemos claro, que debe haber sido el piso igualador a partir de que comenzó el distanciamiento, desde donde empezar a discutir todas las necesidades educativas y sociales que tienen esos niños y esos jóvenes que han perdido contacto, tal como lo denuncia la UTE desde el 16 de marzo. Esas dificultades se recrudecieron sin la presencialidad de la escuela que no solo educa sino también contiene, alimenta y permite organizar los tiempos laborales familiares. Es el gobierno el que demostró quedar por detrás de ellas al no garantizar, por ejemplo, una canasta alimentaria universal, haciendo entregas largamente denunciadas por insuficientes, sólo a quienes se hayan inscripto, -qué paradoja- de modo virtual, en el comedor.

Al calor de este debate, surgió una organización que no va a parar, y que tenemos que aprovechar para poner sobre la mesa todas las necesidades, junto a la comunidad, que se deberán resolver para la apertura de las escuelas.